T.P.
10/10/2022
El conflicto de la estiba dura ya cuatro meses.
El conflicto de la estiba en el Port de Tarragona habría provocado el desvío de 600.000 toneladas de agroalimentario a otros puertos, según denuncia la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos (AECEC). Además, la AECEC señala en un comunicado que “la huelga de los estibadores, provocada por la liberalización de la UE, se ha materializado en una rebaja del ritmo de descarga que ha disminuido dramáticamente hasta llegar a menos del 10% del ritmo normal, provocando pérdidas acumuladas de más de 12 millones de euros al sistema: Port de Tarragona, importadores, empresas de estiba, transportistas, fábricas de pienso, productores de carne y consumidores”.
Ante esta situación, los asociados a AECEC y todos los operadores del sistema están extremadamente preocupados por la posibilidad de rotura de stocks en harina de soja y maíz, por los altos costes de penuria que la huelga ocasiona y por los problemas de bienestar animal que puedan surgir en caso de rotura de stocks. Según la AECEC, “no tiene sentido que un colectivo que no llega a los 130 estibadores tenga como rehén al sistema para oponerse al mandato de la UE de liberalización de la estiba”. Igualmente, apuntan que ya hemos llegado a un límite crítico en el abastecimiento de materias primas para la fabricación de piensos en las zonas de Cataluña y Aragón”.
En este conflicto que “dura ya más de cuatro meses, echamos en falta más interés por parte de las Administraciones, tanto nacionales como autonómicas, para que se solucione este gran problema, es imprescindible que se decrete la situación de emergencia en el sector y que se activen los mecanismos necesarios para recuperar de manera inmediata la normalidad”, afirman desde la AECEC. Además, puntualiza que “la liberación de la estiba mantiene los sueldos y derechos de los estibadores; de hecho, los ingresos per cápita/año de los estibadores pueden llegar a los 100.000 euros, en algunos casos, por encima de esta cantidad”.
Desde la AECEC se espera que se realicen las investigaciones necesarias para determinar “las responsabilidades económicas y de otros tipos en las que puedan estar incurriendo los estibadores por la huelga encubierta y, por consiguiente, que se abran los expedientes por parte de la Administración con competencias en materia laboral para sancionar los bajos rendimientos y, ante la situación de facto de huelga, adoptar las resoluciones necesarias para garantizar los servicios mínimos”.
