T.P.
08/07/2020

Los Mossos blindarán el espacio aéreo con cúpulas virtuales detectoras de drones.

Los Mossos blindarán a partir del mes de agosto el espacio aéreo el área de la petroquímica, del Puerto y del aeropuerto de Reus mediante cúpulas virtuales, con cámaras y antenas, para detectar e inhibir drones que supongan un riesgo para la seguridad.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch, el director de los Mossos, Pere Ferrer, y el comisario jefe, Eduard Sallent, que han precisado que este programa de seguridad aérea, denominado Kuppel, está basado en un sistema homologado por la OTAN y pretende evitar ataques terroristas cometidos con drones, su uso en el tráfico de drogas, el espionaje o el riesgo que suponen si sobrevuelan infraestructuras críticas.

El presupuesto inicial de este programa es de 400.000 euros, y empezaría con la instalación de las primeras cámaras y antenas -en total se utilizarán una veintena- en puntos altos de la ciudad de Barcelona durante la primera quincena de este mes de julio, y que en agosto ya esté plenamente operativo en la capital catalana, la primera gran ciudad europea que dispondrá de un sistema parecido.

Posteriormente, en agosto se instalarán las cámaras en el Delta del Llobregat -por el aeropuerto de Barcelona- y en el Camp de Tarragona -las petroquímicas, el puerto y el aeropuerto-, para que esté plenamente operativa en septiembre.

Las cámaras, con un funcionamiento parecido a los radares, se activarán al detectar un objeto no tripulado volando a una altura de hasta 300 metros, y mediante la inteligencia artificial detectará si supone un riesgo para entonces hacer un seguimiento de su ruta, mediante triangulaciones, para llegar a la persona que lo dirige desde el suelo.

A lo largo de 2019 y del primer trimestre de este año los Mossos han detectado cerca de 900 incidentes vinculados al uso de drones, cuyos propietarios se enfrentan a sanciones relacionadas con la ley de seguridad ciudadana -a partir de 600 euros- y de la normativa administrativa en el ámbito de seguridad aérea, con multas de entre 3.000 y 300.000 euros.