J.A.D.
19/11/2019

Las 28 autoridades portuarias dependientes de Puertos del Estado estarán sometidas, a partir del próximo ejercicio, al pago del impuesto de sociedades que les corresponda. Hasta este año, los puertos estaban exentos del impuesto de sociedades en sus principales fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los ingresos procedentes de contratos de arrendamiento o de concesión.

La Comisión Europea ha cerrado el expediente que había abierto a España (también a Italia) por sus exenciones en el impuesto de sociedades a los puertos después de que el país se haya comprometido a abolir estas excepciones a partir de 2020. Bruselas había pedido a España en enero que adaptase el régimen por el que sus puertos se benefician de estas exenciones y que les obligase a tributar como al resto de empresas, ya que según las normas comunitarias estas excepciones les conceden una ventaja selectiva frente a otras compañías.

El nuevo impuesto para los puertos será homogéneo en todo el país.

Esta gran novedad no coge  por sorpresa a la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), que manifiesta que “el Puerto de Tarragona ya  tenía constancia de esta posibilidad y ya había realizado los estudios y previsiones necesarias”, señalan fuentes de la APT. Y añaden que “en estos momentos estamos a la espera que Puertos del estado fije el criterio de homogenización para todas las autoridades portuarias, que determinará la manera de proceder y el alcance de este cambio”.

Respecto a una hipotética retroactividad del nuevo impuesto para los puertos, la exención del impuesto sobre sociedades para los puertos ya existía antes de la adhesión de España a la UE, por lo que estas medidas se consideran constitutivas de “ayuda existente” y la Comisión no puede pedir a España que recupere las ayudas ya concedidas.